Una vez que el contrato de la Agencia se resuelve por parte del Principal, el Agente generalmente decide reclamar algunas indemnizaciones. Estas incluyen indemnizaciones por daños y clientela.

Para reclamarlas, es muy importante tener en cuenta el plazo de prescripción. Hemos observado que, con frecuencia, los agentes tardan demasiado en decidir si reclaman o no tales indemnizaciones, comienzan negociaciones con sus Principales para encontrar una solución al conflicto, a veces están renegociando su posición para un nuevo acuerdo, área o condiciones; o a veces simplemente consideran que no hay prisa para actuar.

La Ley española del Contrato de Agencia (art. 31) prevé expresamente —en términos similares a los de la Directiva sobre los Contratos de Agencia (art. 17.5)—, un plazo de prescripción de un año a partir de la terminación del contrato tanto para reclamar la indemnización por daños como la de clientela.

Esto significa que después del vencimiento de dicho año, nuestros Tribunales no admitirán ninguna reclamación de las mencionadas. Y en los contratos regidos por la ley española y sometidos a procedimientos arbitrales, el agente también corre el riesgo de que su petición sea desestimada si la presenta fuera de ese plazo. Las partes no pueden modificar esta duración en su contrato, pero pueden tomar algunas medidas para extenderla.

Este plazo de prescripción tiene, por lo tanto, consecuencias importantes. Son numerosas las situaciones que pueden ocurrir y no es nuestra intención cubrirlas todas, pero en caso de que el contrato de la Agencia termine, las siguientes ideas pueden ser útiles:

• El período de un año comienza desde el día en que se resolvió el contrato. Esta fecha debe considerarse con cuidado, incluso si no hubo una carta de resolución formal.

• El plazo de un año, de acuerdo con el Código Civil español, supone que terminará el día exacto un año natural después (de fecha a fecha, por ejemplo, desde el 1 de mayo al 1 de mayo del año sucesivo) o al día siguiente si ese día no existe en el año siguiente (por ejemplo, del 29 de febrero al 1 de marzo).

• En términos generales, el inicio de este período de un año es el día de finalización del contrato y no la fecha en que se envió o recibió la notificación o el momento en el que el Principal exige al Agente el cumplimiento de sus obligaciones. El plazo de preaviso (si existiera) se respetará si se incluyó en la resolución.

• En caso de que la carta de resolución implicara la resolución inmediata, ese día será la fecha de inicio del cómputo, incluso si el procedimiento revelara posteriormente que el Principal debería haber dado un preaviso.

• Esto se aplica, en general, a cada contrato de agencia. Esto significa que, en caso de acuerdos sucesivos y no vinculados (por ejemplo, el primero se resuelve y el segundo comienza 10 meses después), se considerará el plazo de prescripción para cada contrato por separado. Sin embargo, los contratos de agencia sucesivos (acuerdos con una duración determinada que se encadenan uno inmediatamente después del anterior) generalmente se consideran como un único contrato.

• Algunas actividades del Agente pueden interrumpir este plazo de prescripción de un año, debiendo reiniciarse de nuevo el cómputo de un nuevo año. Por ejemplo (algunas de estas han sido aceptadas por la jurisprudencia, otros se mencionan expresamente en diferentes leyes):

1. Una reclamación extrajudicial enviada por el Agente o por alguien en su nombre reclamando la indemnización por clientela, incluso si se califica incorrectamente como “despido laboral” en lugar de indemnización.
2. Reclamar la indemnización por clientela como indemnización laboral ante los tribunales laborales cuando no era claro el tipo de relación existente.
3. Inicio de un procedimiento de conciliación ante un tribunal de primera instancia
4. El inicio de un procedimiento de mediación (cuando lo hacen ambas partes de común acuerdo o una de ellas en ejecución de la cláusula de mediación del contrato) también interrumpirá la prescripción mientras dure el procedimiento de mediación, a contar desde el momento en que el mediador haya recibido la solicitud de mediación o se hubiera depositado en la institución de mediación.
5. La aceptación por parte del Principal de la deuda o la indemnización por clientela al solicitar la lista de clientes.

• Otras acciones del Agente podrían tener resultados diferentes para la prescripción en función de las circunstancias, y algunas no han sido aceptadas como válidas para interrumpir el plazo:

1. Una reclamación iniciada por el Agente ante un tribunal no competente dependerá de las circunstancias para poder apreciar si hay o no interrupción.
2. Un procedimiento penal no interrumpe el período de un año.
3. La demanda de diligencias preliminares tampoco ha sido aceptada para interrumpir el período de un año.

Por lo tanto, como conclusión, parece conveniente que en la fase de redacción del contrato se incluya una cláusula de mediación. Esto otorgará a las partes una herramienta adicional y útil para resolver sus conflictos y una posible forma de obtener tiempo adicional en caso de que los tribunales sean llamados a intervenir.

Y cuando finaliza un acuerdo de agencia (con o sin cláusula de mediación), nuestra recomendación para el Agente es que envíe el caso a un abogado local nada más tener noticia de la resolución del acuerdo. Cuando el Agente, por ejemplo, ha recibido la promesa de un nuevo contrato y todavía está discutiendo sobre él, o cuando todavía está negociando la resolución, es aconsejable tener cuidado y tomar las medidas necesarias, al menos, para interrumpir la prescripción y no perder el derecho a reclamar la indemnización más adelante. Una simple carta con las precauciones necesarias podría ser muy útil para sus intereses.

Una observación final para los contratos de distribución. Aunque en algunos aspectos, en particular la indemnización por clientela, el Tribunal Supremo español ha admitido la analogía con los contratos de la Agencia, este no es el caso para el plazo de prescripción de un año para reclamarla. Por lo tanto, el distribuidor que solicite la indemnización por clientela no se enfrenta a tener que hacerlo en el plazo de un año desde de la finalización de su contrato. En casos como estos, conviene, no obstante tener un asesoramiento preciso sobre el tipo de contrato ante el que nos encontramos ya que la frontera entre la agencia y la distribución no siempre es clara.

Even Abogados has defended a foreign manufacturer distributing its products in Spain with a local agent/distributor. The agent/distributor (based in Spain) sued our foreign client (the Manufacturer) claiming for the goodwill indemnity foreseen in Article 28 of the Spanish Agency Act. First Instance Court has accepted our arguments basically due to the lack of evidences produced by the plaintiff. Our intention is not to discuss about the burden of proof as general legal principle but to expose some clues in order to better prepare a similar procedure.

The facts

Mr “A” (the Agent) and the Manufacturer had a non-written agreement since long time ago. In 2000 the agent/distributor (a company owned by Mr “A”) and the Manufacturer signed a written contract transforming and substituting the old relationship.

After a period of more than five years, the Manufacturer gave a previous notice to terminate this contract. The agent/distributor then claimed the goodwill (clientele) indemnity as a consequence of this termination.

The debate

One of the discussion elements (quite frequent) was to determine if we faced an agency or a distribution agreement. The problem in this case was probably more a theoretical tan a real one due to the fact that although goodwill indemnity is expressly foreseen at the Agency Act, it is also admitted by analogy in distribution agreements. The question was, therefore, to justify its applicability. Let’s assume (as in the Court judgement) that it was an agency agreement.

Article 28 of the Agency Act (in similar terms to Article 17 of the EC Directive 86/653 of December, 18^th) states that an agent is entitled to an indemnity for customers he brought to the principal (the Manufacturer in our case) or with whom significantly increased the volume of business and provided the principal continues to derive substantial benefits and the payment of this indemnity is equitable due to special circumstances. The amount of the indemnity may not exceed the agent’s average annual remuneration over the preceding five years.

The conclusions

Goodwill indemnity benefits the agent but it is also his responsibility to prove to the Court the necessary elements in order to obtain it. In our case, First Instance Court has rejected this indemnity due to the complete absence of evidences of the main elements. The judge has stated clearly the following:

1. No invoices related to dues-but-not-paid commissions have been showed during the procedure.
2. The plaintiff (the Agent) has not proved to which services these invoices were due, the invoiced company, the commissions’ rate applied, the date from which they were due, if the activity had been correctly ended, if the sales were related to machinery or to spare parts…
3. A document called “accounting statement” (estado de cuentas) has been prepared by the plaintiff himself but has expressly been contested by the defendant (the Manufacturer): this does not show his current situation.
4. The judge did not accept the goodwill (clientele) indemnity because no invoices attesting the collection of commissions have been presented, or have been produced in foreign languages without translation into Spanish.
5. The only references to these invoices made by the accounting expert in his report to the Court are not enough considering that he does not include them in the report.
6. The “clients” included in such clientele were not proved neither it was the existing commercial relationship.
7. There is a complete lack of evidence concerning the increasing of profits that will still benefit the Manufacturer in the future or receive from possible new clients.
8. Concerning the indemnity for the budgets prepared by the agent at the end of the relationship but not still accepted by the Manufacturer these were not proved, including the alleged orders sent by the Manufacturer.
9. The previous relationship with the agent (Mr. “A”) has nothing to do with the current situation, nothing is said about the clients presented by him, his contractual relationship was substituted by the agreement with the new company, and in case of goodwill indemnity, if applicable, this was to be calculated on the basis of the five previous years without considering the previous relationship.
10. The only documents produced by the plaintiff were the signed agreement and a report prepared by an expert but which does not seem to be very trustable considering that the expert modified his conclusions during the trial.

Many companies are offered as intermediaries to invest in financial derivative products. Once reserved for large investors, today anyone can invest in options, futures or CFDs.

The operation is usually performed through sophisticated platforms that transmit orders to markets through the Internet with a speed and reliability unthinkable a few years ago.

Some of these complex products are particularly volatile, but allow large profits with small amounts of equity. This feature causes operations that can be very risky and overdrafts more frequent than desired when markets do not behave as expected.

Conflicts arising from these overdrafts sometimes cause major legal battles between the company acting as an online broker and his client, often a small investor protected by consumer protection rules.

For years I have acted as counsel for some of these large companies, drafting all standard contracts to be subject to the approval of the National Stock Exchange Commission (CNMV in Spanish), and I have also acted as attorney in multiple legal disputes with customers. This allows me perhaps to draw some conclusions that might be useful:

• Many of these companies do not think about the judicial conflicts when drafting their contracts. They are rather concerned about passing the filter approval of the CNMV, so their contracts are often stereotyped models obtained as literal translations of Anglo-Saxon or contracts. This causes that a skilled lawyer defending an overdrawn client, can bring to serious trouble the company if he fully understands the functioning of these products and dominates the civil process.
• Customer Relationship Services of these companies are highly specialized in the operation of the product, but they are almost never well advised by lawyers, so quite often, when resolving a complaint, they offer to the customers valuable weapons to be used against the same company in lawsuits.
• Very often judges do not understand the functioning of these products and, as in other technical matters, experts can acquire a decisive importance. If we add that many of the experts do neither understand these complex products, but still act as experts without any remorse, a simple extract of movements can become the object of the craziest interpretations.

If you are trading business operating online, ask yourself if your standard contracts are adequate to deal with legal disputes and consider carefully the responses from your customer relationship service. I am sure your company is well equipped with a good system to prevent their overdrafts, so probably your losses will not be too high. However, think about what could happen to your business if one of those customers wins a lawsuit and you will be condemned to pay the procedural costs, the client gets rid of paying and then he decides to spreads the information across networks.

If you are a customer overdrawn, check with an expert lawyer your situation, a consultation costs little and to embarrass your opponent is easier than you think

Ha entrado en vigor la Ley 29/2015, de 30 de julio, sobre cooperación jurídica internacional en materia civil, que introduce muchas novedades sobre la materia y, en particular, cómo probar el derecho extranjero que podría ser aplicable al caso.

Es curiosa la regulación sobre el Derecho extranjero aplicable en nuestros procesos. Hasta ahora, la única referencia procesal era el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dejaba siempre la duda sobre las consecuencias de que los abogados no probaran suficientemente el Derecho extranjero que pretendían hacer valer. Estaba claro que los jueces tenían siempre la potestad de investigarlo por su cuenta y aplicarlo pero ¿y si no lo hacían? De hecho, con demasiada frecuencia no lo hacían y aplicaban Derecho español. No obstante, al no existir una norma procesal que amparase tal conducta, la sentencia quedaba siempre deficientemente fundamentada frente a posibles apelaciones.

El artículo 33.3 de la nueva Ley prevé que, con carácter excepcional, en aquellos supuestos en los que no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia del Derecho extranjero, podrá aplicarse el Derecho español.

Parece que tendremos ocasión de decidir: Si en el caso concreto al cliente le interesa la aplicación del Derecho extranjero, nos preocuparemos de probarlo bien, pero si interesa más el español, mejor dejar la iniciativa a la otra parte. Esta prueba suele salir cara y si ahora la Ley permite aplicar el español “con carácter excepcional”, me atrevo a predecir que muy pocos Jueces tomarán la iniciativa de investigar el Derecho extranjero, aunque sigan conservando esta facultad.