El caso del distribuidor inexistente o por qué consultar a un abogado

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Los hechos

Hace pocos días me llamaron de una bodega española (la llamaré “el productor”): había recibido por internet un pedido de una sociedad francesa (la llamaré “el distribuidor”) que quería vender sus vinos en el Reino Unido. El distribuidor había enviado su extracto KBis francés (similar a nuestra nota simple registral), copia escaneada del documento de identidad de su administrador, y todo ello desde una dirección electrónica cuyo dominio incluía el nombre de la empresa y firmado por un Sales Manager (salesmanager@distribuidor.com).

El productor verificó la corrección del Kbis, su NIF intracomunitario (VIES) y el SEED, le solicitó un aval bancario que cubría el importe del primer envío (unos 43.000 euros), cuya copia recibió escaneada por correo electrónico.

Las botellas se recibieron en el Reino Unido y el distribuidor y el productor se intercambiaron correos de alegría. El productor le envió la factura por correo electrónico. Los vinos estaban teniendo muy buena acogida por lo que efectúa un segundo pedido (esta vez unos 75.000 euros) para entregarse en otro almacén, también en el Reino Unido. El distribuidor envió por correo electrónico una segunda garantía bancaria por el nuevo importe y los vinos salieron de España.

Mientras transportaban, el distribuidor francés recibió en su sede en Francia la factura original del primer envío (hasta entonces solo se había enviado la copia por correo electrónico). Su administrador (recordemos: el productor tenía copia escaneada de su DNI, y la empresa había confirmado el KBis), informa al productor que nunca le ha efectuado un pedido, que no dispone de sede ni almacén en el Reino Unido, que no ha recibido nunca su pedido y que, por lo tanto, no le va a pagar la factura.

 

Las enseñanzas

Lo elaborado de esta estafa me anima a hacer tres recomendaciones sencillas de implementar para quien esté pensando en una distribución en el extranjero o en su propio país de forma que evite que suceda algo así. Todo pasa por consultar a un abogado.

Primera. La firma de un contrato (suministro, distribución, agencia), no es un requisito para la validez de la venta, pero su negociación permitirá obtener ciertas garantías que evitarán problemas: la comprobación de la existencia de la sociedad distribuidora y de su representante con un abogado corresponsal (más allá de la mera información registral), la aceptación de condiciones, solicitud de credenciales, historial de cumplimientos de obligaciones, etc.

Segunda. Si, aun superados todos estos filtros se alcanzara un acuerdo con una empresa fantasma (lo cual ya sería bastante más complicado), la comprobación de las garantías bancarias añadiría seguridad. Comprobar el aval (entidad que lo emite, apoderado, duración, cuantía, etc.) y recibir el documento original (no basta una copia para ejecutarlo) es habitual en cualquier relación comercial como las descritas y que un abogado no pasaría por alto.

Tercera. Dicho abogado podría proponer, además, otros medios de garantía: el pago anticipado de un primer pedido, el crédito documentario a través de entidades bancarias, garantías solidarias de terceros solventes, etc. Todo redundaría en mayor eficacia.

 

En conclusión: es comprensible que un fabricante se deje llevar por el impulso de una cuantiosa venta internacional que, además, puede dar lugar a una relación permanente, pero conviene mantener la mente fría. Un asesoramiento experto —cuyo coste, no olvidemos, será muy inferior al daño sufrido en este caso— permitirá que el deseo se convierta en realidad.

Ignacio Alonso

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